Contundente informe sobre situación de reos en cárceles emitió Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Talca. Un contundente informe evacuó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respecto a la situación de los Recintos de Reclusión Penal en América, donde a través de un documento de 277 hojas, identifica que los problemas más graves y extendidos en las cárceles y otros centros de privación de la libertad en la región son: el hacinamiento y la superpoblación; las deficientes condiciones de reclusión, tanto físicas, como relativas a la falta de provisión de servicios básicos; los altos índices de violencia carcelaria; y la falta de control efectivo de las autoridades.
“La Comisión Interamericana considera que esta realidad es el resultado de décadas de desatención del problema carcelario, por parte de los sucesivos gobiernos de la región y de la apatía de las sociedades, que tradicionalmente han preferido ignorar el tema. De esta manera, los centros de privación de libertad se han convertido en ámbitos carentes de monitoreo y fiscalización”.

Administración de la justicia
En este sentido,  el informe afirma “que esta realidad impide que las penas privativas de la libertad cumplan con la finalidad esencial que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos: la reforma y la readaptación social de las personas condenadas”.
El informe se sustenta en la idea fundamental de que el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, no está en conflicto con los fines de la seguridad ciudadana, sino que, por el contrario, el hecho que los sistemas penitenciarios funcionen realmente como mecanismos de rehabilitación, contribuiría a la prevención del delito y la violencia y por lo tanto a alcanzar la seguridad ciudadana.
“Un sistema penitenciario que funcione de forma adecuada es un aspecto necesario para garantizar la seguridad de la ciudadanía y la buena administración de la justicia. Por el contrario, cuando las cárceles no reciben la atención o los recursos necesarios, su función se distorsiona, en vez de proporcionar protección, se convierten en escuelas de delincuencia y comportamiento antisocial, que propician la reincidencia en vez de la rehabilitación”, sostiene el informe.

Situación nacional y regional
El coordinador nacional de Atención en VIH/Sida en el Maule, Michael Díaz, se mostró muy interesado en el informe y destacó que la realidad penitenciaria en Chile y en esta región en particular, concuerda plenamente con las conclusiones arribadas por la CIDH.
“Nuestro sistema penitenciario se encuentra en una crisis profunda, de eso no existe duda alguna, pero si me despierta dudas la capacidad de la autoridad por mejorar las condiciones penitenciarias, sobre todo en materia de hacinamiento y sobrepoblación que alcanza niveles alarmantes”, afirmó el dirigente.
Agregó que “el hacinamiento aumenta las fricciones y los brotes de violencia entre los reclusos; propicia la propagación de enfermedades; dificulta el acceso a los servicios básicos y de salud de las cárceles; constituye un factor de riesgo para la ocurrencia de incendios y otras calamidades”.

Cifras
Del mismo modo Díaz enfatizó que la violencia al interior de las cárceles chilenas es muy elevada.
“En nuestro país entre los años 2005 al 2009 se han registrado 203 casos de muertes por hechos de violencia entre los reclusos, lo que posiciona a Chile entre los países con altos índices de violencia incluso sobre Ecuador y Colombia”, explicó.
Añadió que entre el 2005 y el 2009 se registraron un total de 873 agresiones entre internos; 461 riñas; 94 incendios y/o amagos; 285 desórdenes; 236 agresiones de personal; y 29 agresiones sexuales a internos.  Además, en ese mismo periodo, murieron 203 internos en riñas y/o agresiones, y cinco en eventos relacionados con fugas.
Además en Chile habrían fallecido 87 personas por suicidio en unidades penales del país entre 2005 y 2009.
Ante esta realidad, el dirigente planteó la urgente necesidad de implementar políticas públicas en materia social respecto de los reos.
“Generalmente  los detenidos que carecen de apoyo externo y de recursos financieros, se ven obligados a ofrecer su trabajo a detenidos en mejores condiciones económicas y están completamente a su merced. Lo que resulta en situaciones extremas de desigualdad entre aquellos que tienen los recursos para procurarse amplias comodidades y los que deben resignarse a vivir en condiciones más modestas”, puntualizó Díaz.